Actuó de manera correcta la Corte de Apelación Penal de la ciudad de Santiago, cuando hizo pública la componenda organizada por la Dirección General de Aduanas y la Procuradora Fiscal de dicha Corte, Vielka Calderón, al momento de conocer el recurso de Apelación incoado por los señores: Miguel Ángel Lázala, Gerald Estévez Peña y Adalberto Rosa.
Así se expresó la Asociación Americana de Juristas, Filial Dominicana, a través de su Presidente Juan Francisco de la Rosa, quien además dijo que enviar a las calles a los imputados acusados de malversar más de cien millones de pesos del erario resulta un duro golpe para la lucha contra de la corrupción, y que el mismo hecho afecta sensiblemente al Partido de la Liberación Dominicana y a Leonel Fernández Reyna, Presidente de la Republica, porque han demostrado una complicidad bochornosa frente un hecho tan degradante para Santiago y el país.
La AAJ resaltó, igualmente, la postura firme de los jueces del tribunal que concedió la garantía económica a favor de los justiciables: Lázala, Estévez Peña y Rosa, expresada en una comunicación que informa a la nación el contubernio entre la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Publico ante la Corte Penal de Santiago, quienes fueron al tribunal a favorecer a los impetrantes, solicitando su reingreso a la sociedad.
El Lic. Juan Francisco de la Rosa precisa que “Por encima de que la Magistra Berenice Reynoso, ha dicho, de manera reiterada, que tiene más de ochenta pruebas documentales para probar el desfalco comentado, y que en la jurisdicción de la instrucción, ya la juez Agueda García, les había impuesto medidas de coerción de ocho meses. La sociedad cree que hubo tráfico de influencia en este caso. Si los Jueces hubiesen callado, entonces iban a quedar como cómplices de Aduanas y el Ministerio Público”.
Recordó, además, la AAJ, que la Procuradora Fiscal Yenni Berenice Reynoso, está luchando por establecer un precedente en el presente caso. Sin embargo la permisibilidad en beneficio de la corrupción pretende hacerla fracasar. Nadie piensa que en una evasión de cien millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano, el ejecutivo va a ser neutral, siendo los imputados hijos de funcionarios del gobierno y del Partido oficial.
En opinión del Lic. De la Rosa “Debe imperar la ley, pero no se puede permitir que por el tecnicismo jurídico actos reñidos con la moral, la ética y los fondos públicos queden impunes”.