Sorprende al ciudadano ir por un servicio elemental a un Departamento de la Junta Central Electoral, como lo es la Oficialía del Estado Civil.
Solicitamos en Dajabón un acta de nacimiento de mi madre, lo que conlleva "un impuesto" la expedición de la misma.
Resulta que venimos a Santo Domingo, a la Oficilía Central, para "legalizar" dicha acta. Nos cobran "otro impuesto" (RD$200.00); nos sentamos a esperar por "la legalización" de la misma. Al rato nos llaman y nos dicen "esa acta no podemos legalizarla aquí, señor, porque la Oficial Civil de Dajabón es interina y no tenemos su firma registrada".
Por favor que me devuelvan mis doscientos pesos que he abonado por el servicio, "no señor, nosotros no podemos devolver"; anjá, muy bien y entonces qué hago?
"Usted tiene treinta días para resolver el problema y ese recibo le vale para legalizarla". Vaya respuesta.
Le digo, joven pero yo no puedo resolver el problema, son ustedes. Yo no expido acta ni tengo firma registrada a esos fines. "Bueno señor usted vaya a Dajabón y cuando esté la titular usted le dice que le resuelva". Vaya, una perla.
Entonces me pregunta que cual es la finalidad de mi acta, le respondo que para renovar el pasaporte de mi madre, a lo que me sugiere ir a la segunda planta donde Jhoselyn y Maritza.
Le tomo la palabra y subo, explico la situación de la interinidad de Dajabón y mi problema; entonces me proponen expedirme una certificación especial para que pueda renovar el pasaporte.
Allí espero cincuenta minutos, pues la que firma no aparece (creo que Maritza), es lo que me dicen. Al final me dicen pase por Caja.
Voy a Caja y me cobran cien pesos, le digo que he pagado doscientos pesos y no he recibido el servicio; "esto es independiente". No hay de otra, a pagar. Aquello parece un atraco, es un modo elegante y "legal" de joder al ciudadano.
Y no se trata de los doscientos pesos, pero tampoco deja de tratarse de los doscientos molongos, pues eso ocurre con cientos de ciudadanos cada día; allí las protestas eran voces que hacían tremendo murmullo.
Aquello sorprende, pues el ciudadano es víctima de disposiciones administrativas abusivas, impuestos abusivos e ilegales; servicios que no han dado quieren cobrarlo y lo cobran.
Es la Junta Central Electoral quien nombra su personal, si tienen una funcionaria interina deben acto seguido registrar su firma o no expedir documentos públicos.
Cómo le dicen a un ciudadano que resuelva un documento público que solo ustedes pueden expedirlo?
Porqué no organizan su sistema de cobro de modo que pueda devolver dinero recibido cuando no cumplen con el servicio demandado?
Eso podrá tener técnicamente cualquier nombre, pero se asemeja a una estafa pública.
Los ciudadanos no tenemos protección, esto tendrá que reventar porque los abusos se multiplican día a día. El ciudadano vive irritado con la corrupción pública y privada, la violencia, todo el lío del narcotráfico, la policía asesina y llena de vándalos; políticos que asquean esa noble actividad, que nuestro paradigma la llamó la más noble, la más pura, después de la Filosofía.
Hasta dónde vamos a llegar?
Alfonso Torres Ulloa
Abogado
